CARLOS SALINAS DE GORTARI
INTRODUCCIÓN
El Estado mexicano ha tenido como presidente de la
república al hombre que con ideas economistas, supo mezclar propuestas con
recursos y política pública para estabilizar la economía del país, situación
que tenía intenciones personales y de grupo más que de interés social. Sus
estudios a nivel superior los realizó en Harvard como otros más políticos que
han sido presidentes de la República. Interviene en forma decidida en la
reforma a la Constitución para afectar el reparto de las tierras, realiza otros
cambios que afectaron a la población en su riqueza futura para dar cumplimiento
a acuerdos cupulares a nivel internacional como la entrada del TLCAN en 1990.
Personaje de la política mexicana nacido en la Ciudad de México el 3 de abril
de 1948, hijo de Raúl Salinas Lozano, senador ex titular de la Secretaría de
Industria y Comercio en el sexenio de Adolfo López Mateos (1958 - 1964), y
Margarita de Gortari Carvajal, profesora y perteneciente a una familia de gran
prestigio en el ámbito cultural de su época.
Estudió en la Esc. Prim "Abraham Lincoln", la secundaria en la Escuela No. 3
"Héroes de Chapultepec; sus estudios de media superior los realizó en el
plantel nº 1 de la Escuela Nacional Preparatoria con sede en el Antiguo Colegio
de San Ildefonso, y luego obtuvo la licenciatura en Economía por la Universidad
Nacional Autónoma de México, (1966-1969). Continuó sus estudios en la
Universidad de Harvard, donde obtuvo la maestría en administración pública
(1973), la maestría en economía política (1976) y el doctorado en economía
política y gobierno (1978).
Se desarrolló como catedrático en varias universidades de
México, también comenzó a escalar posiciones en el gobierno federal. En 1982,
su antiguo profesor en la UNAM, Miguel de la Madrid, fue elegido presidente de
México y Salinas fue nombrado secretario de Planeación y Presupuesto; en ese
mismo año publicó con el Fondo de Cultura Económica, un estudio escrito en
1979, llamado "Producción y participación política en el campo".
Salinas ha publicado cinco libros muy extensos, por
ejemplo, México: un paso difícil a la
modernidad (2000) y curiosidad, su
último libro se titula igual que uno que escribió Vladimir Lenin: ¿Qué hacer? La alternativa ciudadana.
El día 4 de octubre de 1987, Carlos Salinas fue designado
candidato a la presidencia de la República del PRI, entonces para las elecciones federales de México de 1988 Carlos
Salinas ascendió a la presidencia en una de las elecciones más polémicas de la historia
reciente de México, en las que ocurrieron diversas irregularidades; la elección
se llevó a cabo el 6 de julio de 1988; luego de una inestabilidad económica de
más de 10 años, la estructura del PRI se debilitó y por primera vez en la
historia moderna de México se vio la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano como una posibilidad real de asumir la presidencia de la República.
La noche de la elección, los datos que liberaba la
Comisión Federal Electoral por medio del secretario de Gobernación Manuel Bartlett
Díaz se interrumpieron a las 20:00 horas del mismo día, luego, se presentaron
en la sede de la Secretaría de Gobernación los candidatos Manuel Clouthier,
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rosario Ibarra denunciando la ilegalidad del
proceso. En los días posteriores a la elección se realizaron diversas
manifestaciones que expresaban el descontento por la manera en que se llevó a
cabo la elección.
El resultado oficial fue 50% para Carlos Salinas, 31 por
ciento para Cuauhtémoc Cárdenas y 17 por ciento para Manuel J. Clouthier; las boletas de votación, que la oposición
exigía se hicieran públicas para aclarar las anomalías, fueron destruidas por
decisión de la Cámara de Diputados, controlada por el PRI. En años posteriores,
miembros del PRI como Miguel de la Madrid o Beatriz Paredes reconocieron algunas
de las irregularidades.
En 1982 el pago anual de intereses de la deuda externa
era de 14 000 millones de dólares, entre 1983 y 1988 se destinó casi el 7 por
ciento del PIB para su pago, el monto de lo destinado era casi el equivalente a
lo destinado en salud y educación para todo el país, para inicio del sexenio de
Salinas el monto de la deuda era del 45 por ciento del PIB, lo cual hacia
necesaria una reducción de esta deuda para lograr crecimiento económico.
Después de casi 4 años de largas negociaciones con el
FMI, con políticos de Estados Unidos, mandatarios de países como Francia,
Alemania, Canadá, Japón, Gran Bretaña y de otros países y con bancos
comerciales en 1992, se llegó a un acuerdo y se logró una reducción de más de
7000 millones de dólares. Debido a este logro, la deuda se disminuyó a 20 000
millones de dólares, la deuda total (externa e interna) descendió de 63 por
ciento del PIB en 1988 a 22 por ciento en 1994, y los pagos de intereses
pasaron de 17 por ciento del PIB a 9.8 por ciento en 1994
Salinas adelantó una serie de tesis que él mismo englobó
bajo la categoría de liberalismo social que buscaba recuperar lo mejor de las
tradiciones ideológicas del liberalismo juarista del siglo XIX y de la
Revolución Mexicana del siglo XX. En este sentido, Salinas pronunció una serie
de discursos durante 1991 y 1992 que sirvieron de soporte para impulsar algunas
de sus más ambiciosas reformas. Formó
parte de esa ofensiva ideológica también la iniciativa para reformar las
relaciones del Estado con las iglesias, especialmente la católica, aunque en
este punto es donde es posible observar mayores tensiones entre la recuperación
del juarismo propuesta por Salinas y las políticas desarrolladas por su gobierno.
Salinas se inspiró para articular su propio concepto de
"liberalismo social" en los trabajos de Jesús Reyes Heroles, Otto
Granados Roldán (director de Comunicación Social durante los primeros años de
su gestión) y José Francisco Ruiz Massieu (quien jugó un papel clave en la
reforma de las relaciones Iglesia-Estado).
Hacía 1984, el gobierno federal era propietario u operaba
poco más de 1150 empresas de todo tipo, desde cadenas y productoras de cine y
televisión, hoteles, inmobiliarias, mineras, ingenios azucareros, automotrices,
siderúrgicas, pesqueras, transbordadores; también fue el caso de la Siderúrgica
Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de
Electricidad.
La crisis de 1982 obligó al gobierno federal a nacionalizar
la banca, con lo que la participación del Estado en la economía creció todavía
más. En otros casos, sin embargo, el gobierno, lo mismo el federal que el del
Distrito Federal y los de los estados, se convirtió en dueño de empresas como
medida para evitar la quiebra de empresas privadas que se consideraba jugaban
un papel importante para la economía del país o que simplemente empleaban a un
número importante de personas.
Esta dinámica se vio favorecida por dos procesos. En un
sentido, por la sobrevaluación del peso mexicano que ocurrió ya durante los
últimos años del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y de manera más clara durante
los primeros años del gobierno de Echeverría, quien expandió el control del
Estado sobre la economía al hacerse cargo de Teléfonos de México. La
sobrevaluación hacía que las mercancías mexicanas fueran más caras que las que
se producían en otros países. No sólo eso, gracias a las políticas de
industrialización seguidas desde el gobierno de Lázaro Cárdenas (con un alto
componente de protección a la industria nacional), las empresas mexicanas
habían perdido calidad y eficacia.
Esta dinámica estuvo a punto de romperse con la decisión
de Echeverría de devaluar el peso justo antes de que terminara su gestión en
1976. Sin embargo, su sucesor, López Portillo decidió utilizar los recién
descubiertos excedentes petroleros para mantener intocadas las políticas
industriales y comerciales que había heredado de sus predecesores.
Todas estas empresas operaban con déficit por lo que se
mantenían gracias a una inyección constante de fondos públicos obtenido por
medio de deuda, excedente petrolero o, en los peores momentos del periodo
1970-1982, por medio de la emisión de billetes y monedas sin sustento. Ello
hizo que para 1982, el déficit público primario fuera de más del diez por
ciento del Producto Interno Bruto. Cerca de un 70 por ciento de este déficit provenía
del sector paraestatal.
En 1990, Telmex era una empresa con varias décadas
funcionando y con sólo 16 años de pertenecer al sector público, el servicio
prestado por la empresa era motivo de frecuentes disputas como se puede
observar en la cantidad de demandas que la empresa enfrentaba en la
Procuraduría de la Defensa del Consumidor, así como por los tiempos de espera,
en ocasiones de más de 10 meses, para conseguir una línea. En los primeros años
de la administración Salinas de cada 10 hogares 8 no tenían teléfono y había
hasta un millón de solicitudes pendientes. La gestión pública de Teléfonos de
México, además, estaba plagada de dudas y sospechas acerca de la transparencia
en el manejo de los recursos.
La venta fue hecha a través de una subasta pública. A
pesar de que varios grupos extranjeros ofrecieron cantidades mayores para la
compra de Telmex, uno de los requerimientos determinantes era que la propiedad
mayoritaria quedara en manos mexicanas, es por eso que de los grupos con
control accionario mexicano, la mayor fue la que encabezaba el Grupo Carso,
propiedad del empresario Carlos Slim, por lo que éste fue declarado ganador.
Con motivo de esta privatización se inició la
modernización de la telefonía en México. En los siguientes años el número de
poblaciones rurales atendidas pasó de 6350 a 21 263; los teléfonos públicos
llegaron a más de 200 000 en todo y se inició la instalación de una red de
fibra óptica que ahora cubre las ciudades más importantes del país.
La privatización de la banca ya había iniciado durante la administración de
Miguel de la Madrid cuando el gobierno vendió los primeros paquetes accionarios
que permitieron que hasta un 33 por ciento del capital social de cualquier
banco fuera capital privado. Como en el caso de Teléfonos de México, la
privatización ocurrió por medio de subastas públicas. Los postores fueron
evaluados por un comité en el que participaron, entre otros, el ex gobernador
del Banco de México, Guillermo Ortiz. La transparencia y éxito con la cual fue
privatizada la banca fue reconocida por diversos documentos del Banco Mundial.
Con este proceso se pretendía la descentralización y
democratización del capital, con el argumento de una mayor competencia, ya que
en 1994 se autorizó la entrada de bancos extranjeros. Sin embargo, hoy en día
alrededor del 80% de la banca es extranjera y se ha concentrado en pocas manos,
lo que es consecuencia de las decisiones de Salinas y de sus sucesores en la
Presidencia de la República.
Las negociaciones formales del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte iniciaron en 1990 y continuaron durante los próximos tres
años. No sólo eso, sobrevivieron a la derrota del Partido Republicano en las
elecciones presidenciales de noviembre de 1992, en las que triunfó el demócrata
Bill Clinton. El TLCAN entró en vigor creando la que hasta ese entonces era la
más grande zona de libre comercio en el mundo.
El TLCAN ha tenido efectos mixtos: resultados notables en
materia de comercio e inversión extranjera, pero no en empleo y salarios, de lo
que se deduce que ha fomentado una mayor concentración de la riqueza en pocas
manos.
El artículo 2725 de la Constitución vigente en 1988,
establecía la obligación del gobierno de dar tierra a todo el que la
solicitara. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la población en las zonas
rurales era mucho mayor del que se había registrado en toda la historia previa
de México, gracias a una serie de avances en medicina básica. En segundo lugar,
la calidad de las tierras en México es desigual, pues buena parte del
territorio nacional no cuenta con irrigación suficiente para mantener una
agricultura comercial. Finalmente, los sectores industrial y de servicios no
estaban en condiciones de absorber los excedentes de mano de obra que el
crecimiento de la población rural generaba.
Hacia finales de los ’60, era claro que la capacidad del gobierno federal
para dotar de tierras a quienes las demandaran era limitada y que, además, al
hacerlo se había facilitado la constitución de poderosos grupos políticos que
traficaban con la necesidad de tierras. El gobierno de Luis Echeverría, sin
embargo, optó por mantener la ilusión de la Reforma Agraria elevando al antiguo
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización al rango de secretaría de
Estado, al tiempo que decidía intervenir las propiedades de algunas de las más
exitosas agroindustrias del país con la promesa de distribuir esas tierras.
Ante esta realidad, Carlos Salinas de Gortari señaló que
era necesario terminar con el reparto masivo de tierras. En el primer informe
de Gobierno en 1989, Salinas dijo: El reparto masivo de tierras ha concluido.
Quien afirme que todavía existen millones de hectáreas por repartir está
mintiendo, declaración que inició un ambicioso programa de reformas
constitucionales y legales, que culminaron cuando el 1 de noviembre de 1991,
Salinas anunciaba durante su tercer informe de gobierno la decisión de impulsar
una profunda reforma a la Constitución y a las leyes en materia agraria, a fin
de hacer posible la venta de los ejidos.
Luego de intensos
debates que cimbraron la estructura del PRI, la reforma fue aprobada por la
Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 1991 y por el Senado el 12 de
diciembre del mismo año. La reforma fue
publicada el 6 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y entró
en vigor el día siguiente.
Parte del legado de la administración Salinas lo
constituye la amplia reforma de la relación Estado-Iglesia promovida por él.
La reforma fue consecuencia de una serie de cambios
culturales y políticos que hicieron inaplicable la letra o el espíritu de la
legislación vigente en México hasta 1992 en materia de relaciones
Estado-Iglesia. Las visitas del Papa
Juan Pablo II hicieron evidente la incapacidad del Estado para aplicar la
legislación. Además, en distintos estados de la República, la Iglesia se convirtió
en un importante promotor de severas críticas al carácter autoritario del régimen
político vigente en México.
Fue en ese año que el Partido Revolucionario
Institucional presentó una iniciativa de reformas a los artículos 3, 5, 27, 28
y 130 de la Constitución. Las reformas, apoyadas por una abrumadora mayoría de
diputados y senadores del Congreso electos por los tres principales partidos
políticos de México (Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática) modificaron de manera radical
los términos de la relación con las iglesias, especialmente con la católica. El
siguiente paso ocurrió cuando se reanudaron, luego de más de un siglo de estar
interrumpidas, las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede para
dar paso, finalmente, a la promulgación de nuevas leyes reglamentarias de las
relaciones Estado-iglesias.
Carlos Salinas fue, en este sentido, el primer presidente
mexicano en recibir al Santo Padre Juan Pablo II en su condición de Jefe del
Estado Vaticano, durante la tercera visita a México del pontífice en el estado
de Yucatán, el 11 y 12 de agosto de 1993, siendo testigos Mons. Manuel Castro
Ruiz, Arzobispo de Yucatán y Dulce María Sauri Riancho, Gobernadora del Estado
de Yucatán.
La nueva legislación otorga personalidad jurídica a las
iglesias y devolvió parcialmente los derechos políticos a los así llamados
"ministros de culto", que ahora pueden votar. Sin embargo, la
legislación mexicana aún desconoce el derecho de los "ministros de
culto" a ser votados, además de que impone mecanismos muy restrictivos
para el ingreso de personal religioso extranjero a México. La personalidad
jurídica de las iglesias está limitada también en lo que hace a su capacidad
para ser propietarias de bienes inmuebles y especialmente para ser propietarias
u operar medios de comunicación electrónicos.
Salinas ha expresado en fechas recientes su
insatisfacción con los resultados de la reforma, aunque nunca ofrece detalles
del porqué de su insatisfacción por lo que observadores de la política mexicana
estiman que se trata de una manera de admitir errores y evitar aparecer como
intransigente ante la opinión pública del país que le reclama la insensibilidad
con la que desarrolló algunas de sus políticas y, sobre todo, el descuido que
él mismo admite tuvo al permitir que su hermano Raúl violara flagrantemente las
leyes del país.
El 2 de diciembre de 1988 se puso en marcha el programa
Solidaridad, como primera acción de gobierno el cual trataba de lograr mayor
justicia social más allá de un esquema de transferencia de recursos o de
subsidios focalizados. Para lograr a cabo este proyecto no solo era necesario
el apoyo del gobierno, sino también la participación organizada de la
población, impulsados con un sentimiento de nacionalismo y de desarrollo
social. Este programa fue encabezado por Carlos Rojas Gutiérrez, entonces
subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología, siendo titular Patricio Chirinos
Calero y fue en gran medida administrado por el secretario de Programación y
Presupuesto Ernesto Zedillo, posteriormente en enero de 1992, pasó a formar
parte de la recién creada Secretaria de Desarrollo Social, con Luis Donaldo
Colosio, como titular.
Durante seis años se invirtieron el equivalente a casi 18
000 millones de dólares, de los cuales el 67 por ciento fue de recursos
federales y el resto de gobiernos locales e inclusive de los propios
participantes. Las tareas realizadas fueron diversas entre los cuales se pueden
destacar, la rehabilitación y construcción de miles de escuelas, la
organización de la población para introducir agua potable a sus comunidades, la
introducción de servicio eléctrico en miles de comunidades rurales. La
rehabilitación y construcción diversos hospitales29 la pavimentación de
colonias populares, la entrega de más de 2 millones de escrituras y títulos de
propiedad en zonas irregulares, más de un millón de créditos a la palabra a
campesinos. La construcción de más de 20 000 kilómetros de caminos rurales así
como la reconstrucción de 15 000 kilómetros de carreteras. La instalación de
más de 14 000 tiendas de abasto comunitario. Sin embargo, en términos generales
la desigualdad entre los más favorecidos y los menos favorecidos se disparó
durante el sexenio de Salinas. En 1991, el país tenía a dos hombres con una
fortuna superior a los 1.000 millones de dólares en la lista de Forbes. En
1994, al final del sexenio de Salinas, ya eran 24. Y el más acaudalado de todos
era Slim, beneficiario de la controveritida privatización de Telmex. Con
algunas importantes modificaciones y con el nombre de Progresa durante el
sexenio de Ernesto Zedillo y Oportunidades, durante el sexenio de Vicente Fox,
estos programas han seguido constituyendo el tronco principal de la política
social del gobierno federal en México.
El 23 de marzo de 1994 durante un acto de su campaña
electoral en la colonia popular Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, fue
asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, por medio de
dos disparos (uno de ellos en la cabeza). En el instante fue detenido el autor
de este hecho, Mario Aburto Martínez. El 24 de marzo fue declarado día de luto
nacional y el izamiento de la bandera nacional fue a media asta en señal de
duelo. El 29 de marzo el PRI postuló como candidato sustituto a Ernesto Zedillo
Ponce de León.
Para el año 1994 Carlos Salinas de Gortari tuvo un
elevado gasto gubernamental en obras públicas con el objeto de mantener la
inercia de crecimiento de su gobierno y con ello la popularidad. Este gasto
gubernamental llevó a un déficit de cuenta corriente histórico (un 7% del PIB)
y para poder lidiar con ello Salinas emitió los Tesobonos, instrumentos
financieros del gobierno que aseguraban pagos en dólares y con los cuales pudo
recaudar fondos el Banco de México. Con los diversos sucesos políticos
ocurridos en 1994 (asesinatos de Luis Donaldo Colosio, Candidato Presidencial y
José Francisco Ruiz Massieu, Líder Cameral del PRI y la rebelión insurgente en
Chiapas), muchos de los inversionistas se asustaron y fueron a canjear los
Tesobonos por efectivo, vaciando las reservas monetarias del Banco de México.
Ernesto Zedillo, su sucesor, incapaz de articular una
estrategia de amortiguamiento de los vencimientos de pagarés denominados en
dólares, (Tesobonos) y con un manejo incorrecto en términos políticos, fue
corresponsable y precipitó el advenimiento de una de las peores crisis
financieras que ha vivido México, conocida como error de diciembre; y en el
exterior como efecto Tequila.
CONCLUSIÓN
La
ilegalidad en su elección presidencial es la característica de inicio del
periodo de gobierno federal de Carlos
Salinas de Gortari, este personaje se distinguió por la constante del cambio en la política
económica y pública del país; es en este período cuando se suscitan los más
exagerados cambios que afectaron al pueblo mexicano en su estabilidad económica
futura.
MAESTRANTE:
MARÍA
DE LOURDES ROSALES HERNÁNDEZ.
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